En medio de una deficiencia hídrica importantísima que afecta a varias regiones productivas del país, muchas entidades y organismos rurales solicitaron la emergencia agropecuaria ante las autoridades provinciales y municipales.

Pero ¿Por qué desde Sociedad Rural no estamos pidiendo que se declare la Emergencia Agropecuaria en el partido de Chacabuco?

La respuesta es simple. Los perjuicios que acarrea la declaración de Emergencia Agropecuaria son mucho mayores que los supuestos beneficios.

Uno de los principales problemas es que una vez declarada la emergencia en una zona la disponibilidad crediticia disminuye enormemente o directamente queda anulada.

Por otra parte el supuesto beneficio asociado a la emergencia que constituye la postergación en el pago del impuesto inmobiliario, no hace más que trasladar y multiplicar el problema hacia adelante, acumulándose gravámenes de un año para el otro e indexándolos.

Los productos agropecuarios, por estar atados al dólar oficial no copian el movimiento inflacionario, por lo tanto, y sumado al actual contexto de sequía, con el marco legal vigente en cuanto a Emergencia tiene todas las chances de convertirse en una verdadera pesadilla a futuro o en un "salvavidas de plomo" tal como la han apodado muchos de nuestros socios.

Nuestro objetivo hoy es poner en evidencia por enésima vez un grave problema que se viene arrastrando desde hace muchos años en el que el sistema productivo necesita de cambios estructurales que también deben incluir un nuevo marco legal para la Emergencia Agropecuaria. Este cambio estructural debe contemplar necesariamente la apertura de la economía y la reducción decidida de tantas trabas burocráticas que viven los emprendedores y todo el sistema productivo, simultáneamente a una reducción de la carga impositiva, fiscal y económica que implica el Estado para el sector privado.

Hoy los incentivos no están puestos en ni en potenciar la producción ni en promover la mejora de la eficiencia de los sistemas productivos. Por el contrario y lamentablemente los incentivos están puestos en la burocracia que es contraria a la eficacia y la eficiencia que persiguen todas las economías del mundo. El sector privado en su conjunto, y no sólo el agro, soportan una situación crítica mientras quienes administran la cosa pública parecen (o están) imbuidos en otra realidad, y esto es así a costas del sector privado que cada vez debe ajustarse más, hasta el punto en que insumos básicos están en falta y distintas producciones podrían continuar parándose en cualquier momento a falta de ellos.

En épocas de altas dependencias estatales de un sólo sector productivo, nunca es buena idea seguir tirando de la cuerda, más aún en medio de una sequía histórica que amenaza con golpear más fuerte de lo que ya hemos sido golpeados.

Por ello es menester hallar los mecanismos que permitan recuperar la confianza del sector productivo para poner foco en el crecimiento económico para que las visiones estratégicas de mediano y largo plazo vuelvan a funcionar como horizontes de incentivos.