Nuestra Constitución Nacional en el artículo 16 establece: 'La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.'

El denominado 'dólar soja' viola de manera flagrante este contrato social consagrado en nuestra Carta Magna, ya que establece un trato diferencial para quien comercialice soja durante el mes de septiembre, y aún peor, para quieres trabajen y produzcan otro tipo de bienes y servicios. Es decir, quienes no posean soja se ven impedidos de exportar sus productos y/o servicios a la nueva cotización artificial del "dólar soja" de $200 establecida por el gobierno nacional, por lo que deberán continuar exportando a la también artificial cotización actual de $148 del denominado "dólar oficial".

Con estas medidas arbitrarias, y con el único objetivo recaudatorio, las economías regionales, los productores frutícolas, los productores de maíz, de trigo, de cebada, los apicultores y un largo etcétera, que incluye además al resto de los productos agropecuarios exportables no mencionados antes (con excepción de la soja, claro!) y a la mayoría de las actividades industriales y agroindustriales que, lejos de beneficiarse, sufren las distorsiones generadas por estas medidas, deberán continuar exportando sus producciones al "dólar oficial".

En su afán por cubrirse en el corto plazo, al gobierno nacional parece no importarle saltearse la Constitución Nacional, promover desigualdades y continuar ajustando al sector privado con el único fin de "hacer caja" para, entre otras cosas, financiar las campañas partidarias del próximo año electoral y así continuar sosteniendo a una clase política acomodada, al mando de una organización estatal cada vez más ineficaz e ineficiente.

Con estas medidas discrecionales también se pretenden postergar las inevitables consecuencias que de todas maneras tendrán cada una de las acciones irresponsables que han incrementado el déficit fiscal, la emisión monetaria y su consecuente inflación en continuo crecimiento, junto al aumento de la carga fiscal sobre la porción de la economía formal cada vez más escuálida y en franco retroceso.

El difícil momento histórico que vive nuestra nación requiere de responsabilidad política. Es hora de parar con los parches y los salvavidas para "comprar el tiempo necesario", y así especular con el remanido artilugio de que las consecuencias las resuelva el próximo gobierno, porque esto es mentira, y quien en definitiva soporta estas consecuencias es la ciudadanía argentina con más pobreza y exclusión. Por ello, el ajuste debe empezar por todo el arco político, de todos los colores partidarios, que usufructúa del Estado.

Los "impuestos a las exportaciones" (mal llamadas "retenciones") y las brechas cambiarias, deben ser eliminadas, junto a las restricciones ideológicas, que nos ubican entre los países con menor libertad económica de todo el mundo, y la corrupción que, en combo, funcionan como una maquinaria impía que destruye y erosiona sin tregua nuestra economía. 

Argentina necesita reformas estructurales que permitan recuperar la confianza del sector productivo para poner foco en el crecimiento económico y recuperar las visiones estratégicas de mediano y largo plazo, que funcionan como horizontes de incentivos.